E l Tribunal de Comisionados del Condado Travis votó el pasado 7 de mayo a favor (4-1) de la creación de una oficina de defensores públicos en su jurisdicción.

Los jueces penalistas del condado aprobaron un plan para crear el despacho que manejaría el 30% de casos de delitos graves y menores de los adultos acusados cuyos ingresos sean bajos. El 70% de los casos restantes serán atendidos por el sistema actual de abogados privados.

Sin embargo, activistas defensores de la comunidad inmigrante no quedaron satisfechos con la decisión. “Si bien este es un paso importante hacia una representación justa y equitativa para aquellos que no pueden pagar una representación legal, los que defendemos a los inmigrantes no lo podemos llamar ‘una victoria’ para nuestra comunidad”, comentó a El Mundo Newspaper, Claudia Muñoz, directora de programas de inmigración de la organización Grassroots Leadership.

El año pasado (2018), el Condado Travis formó un grupo de trabajo de servicios legales con abogados de defensa criminal, jueces, expertos en justicia penal y activistas de organizaciones proinmigrantes locales como Grassroots Leadership, Defensores de Texas para la Justicia, ICE fuera de Austin, entre otros. La finalidad era crear una propuesta viable para la creación de una oficina de defensa pública. Sin embargo, los comisionados habrían ignorado la propuesta creada por este grupo.

“Hace seis meses formamos un grupo de trabajo conformado por catorce personas. Nos reuníamos una vez a la semana, pasamos muchas horas informándonos y analizando cómo crear y operar una oficina de defensa pública”, cuenta Alicia Torres, integrante del grupo comunitario ICE fuera de Austin, y añade: “Después de seis meses logramos presentar una propuesta a la Corte de Comisionados y el 3 de mayo nos avisaron que se estaba considerando una nueva propuesta, radicalmente diferente a la que nosotros habíamos entregado”.

La propuesta aceptada fue creada por los dieciséis jueces penales del Distrito y por la jueza Sarah Eckhardt.

Según los miembros del primer grupo de trabajo, el plan aceptado se basa solo en la voluntad de los jueces y elimina la opinión pública. Además, aseguran que los comisionados votaron a favor de algo cuyo contenido completo desconocían.

“No hay representación de la comunidad, no se nombró una junta de supervisión, están incluidos fondos sin restricciones y la oficina Capital Area Private Defender Service (CAPDS) no tendrá responsabilidad alguna. El sistema le falló a nuestra comunidad al no incluir una junta de revisión que sea supervisada”, indica Muñoz.

De acuerdo a Alicia Torres, el exceso de casos genera una mala representación: “Lo que buscábamos era una oficina que fuera independiente de los jueces, libre de cuestiones políticas; una oficina accesible para toda la comunidad, en la que exista una contabilidad del dinero asignado y que se brinde representación legal adecuada a los acusados de bajos recursos económicos”.

El siguiente paso para la creación de la oficina de defensa pública es presentar la solicitud para la revisión y aceptación del financiamiento de la Texas Indigent Defense Commission (TIDC). “Nosotros nos mantendremos presentes en todas la conversaciones que faltan para crear la oficina de defensa pública, queremos asegurarnos que la voz de la comunidad sea escuchada; seguiremos abogando y peleando para que cuando un inmigrante sea arrestado tenga la mejor representación posible”, concluye Alicia Torres.

EL DATO

La oficina estará financiada por la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas (TIDC) durante cuatro años por casi 16 millones de dólares. El Condado Travis aportará más 4 millones.