Hasta el 5 de febrero, las personas en Texas no tenía que revelar su estado migratorio a los oficiales del orden público. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva ley SB4, desde el 6 de febrero pasado, eso cambió y además se elevaron las penas y las sentencias mínimas obligatorias por transportar a personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Tal como está, la ley endurece el castigo por introducir personas de contrabando al país y por operar una casa de seguridad, o cualquier otro bien inmueble, vehículo o tienda de campaña con ese fin. Pero la SB4 se puede interpretar de otras formas, a criterio del oficial de policía. Por eso, estudiantes universitarios y trabajadores sin antecedentes que viven mucho tiempo en este país temen qué pueda pasar, ya que podrían resultar afectados.

La SB4 convierte en delito menor el que un extranjero ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente. Esa pena puede ser reducida a delito mayor en tercer grado, punible con cinco años de cárcel, si el conductor, por ejemplo, es familiar de los pasajeros indocumentados.

Esta ley también permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de los migrantes, una facultad exclusiva del Gobierno Federal.

El Gobernador Abbott ha defendido la constitucionalidad de la ley SB4 pero ha reconocido que será impugnada en los tribunales. ‘La Administración Biden hará todo lo posible por negarle a los texanos la posibilidad de tomar la iniciativa y salvaguardar a nuestro Estado, a nuestro país, y tratar de imponer algún control sobre la frontera sur’, dijo.

Abogados y defensores de los inmigrantes sostienen que la ley SB4 es inconstitucional. Agentes policiales de las grandes ciudades del Estado han expresado, en privado, su desacuerdo con hacer las tareas de los agentes migratorios, conscientes de que eso les quitará la confianza de la comunidad indocumentada.

EL DATO

La Corte Suprema ha dictaminado anteriormente que los Estados no tienen autoridad sobre asuntos migratorios, ya que esto es competencia exclusiva del Gobierno Federal.