Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala (Guerrero). Ellos habían llegado a esa ciudad para tomar por la fuerza autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México con el fin de participar en una manifestación, algo que hacían todos los años. Nueve años después, se conocen nuevas revelaciones que confirman la participación directa en el caso del crimen organizado en complicidad con policías y autoridades civiles y militares.

El diario The New York Times tuvo acceso a unos 23,000 mensajes de texto inéditos que fueron interceptados por la DEA en el 2014, y a declaraciones de testigos y documentos de la investigación. Tras analizar el material, la conclusión a la que llega el NYT es que prácticamente todas las ramas de gobierno en el Estado de Guerrero llevaban meses trabajando en secreto para el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable del secuestro de los estudiantes. Este cártel de la droga tenía a su disposición toda la maquinaria del Estado, no solo para traficar droga con total libertad, sino que le fue fácil interferir en la investigación y ocultamiento de este caso no resuelto.

El día de los hechos, los estudiantes que viajaban en autobuses fueron emboscados a tiros por la policía en la ciudad de Iguala. Un total de 43 de jóvenes fueron entregados a Guerreros Unidos. Los narcos creían que formaban parte de un cártel rival que les iba a disputar su territorio. Una investigación posterior a los hechos concluyó que en uno de los autobuses tomados por la fuerza había droga camuflada por ese cártel para ser trasladada hasta la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

El NYT informó también que, según un miembro del cártel, algunos estudiantes fueron llevados a una casa, asesinados y descuartizados y posteriormente quemados en el crematorio propiedad de la familia de un forense, que también estaba en la nómina del cártel. Ese forense era el encargado de enviar al cártel fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes.

Los documentos consultados por el NYT establecen que los militares sobornados por los narcos estaban monitoreando de cerca el secuestro de los estudiantes pero nunca acudieron a socorrerlos. La nueva evidencia revelada permite saber ahora que los estudiantes fueron llevados en grupos a diferentes lugares y a algunos se les mantuvo con vida durante días, con conocimiento de la policía y los militares.

Han pasado nueve años del crimen y hasta ahora nadie ha sido sentenciado. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue acusado de orquestar un amplio encubrimiento para esconder la participación de militares y policías en el secuestro, en particular las del poderoso ejército. Sin embargo, el Gobierno que lidera Andrés López ha iniciado procesos judiciales contra un total de 116 personas involucradas en el caso, incluyendo a 32 miembros del cártel y a 49 policías municipales. También se han presentado cargos contra al menos 14 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

EL DATO

La DEA no compartió con México los mensajes de texto interceptados porque no confiaban en sus autoridades. Recién los entregaron el año pasado.