Ante el retraso –en algunos casos de varios años– en el procesamiento de las solicitudes de residencia, algunas personas han demandado al U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) para obtener una respuesta en menos de dos meses.

La falta de decisión de la autoridad encargada afecta diversos aspectos de la vida de cada solicitante, además de su estatus migratorio, por eso la firma Quiroga Law Office ha interpuesto 90 demandas desde diciembre, de las cuales una tercera parte ya tuvo una respuesta positiva.

“La odisea de quienes protagonizan estos casos, que se convierte en un asunto humanitario, nos ha llevado a tomar la decisión de interponer demandas federales por aquellos casos cuyos tiempos de respuesta han sido excesivos, superando algunos de ellos los tres, cuatro e incluso cinco años”, afirma Héctor Quiroga, director general de Quiroga Law Office PLLC.

Entre los casos pendientes destacan el de madres que no han logrado ver a sus hijos; hijos que no pueden ver a sus padres; o padres que no pueden trabajar legalmente y dar apoyo económico a sus familias, entre otras circunstancias. La falta de una respuesta afecta a cada persona por no poder acceder a una identificación oficial, a un ingreso laboral legal, a la Seguridad Social y a otros beneficios.

En conversación con El Mundo Newspaper, el abogado Quiroga explicó que, como consecuencia del retraso de los casos, en sus demandas argumentan una violación del acto federal de procedimiento administrativo, entonces USCIS tiene que responder en menos de 60 días, pues de lo contrario perdería “por default”. Este tipo de casos puede abrir la puerta a que la Corte determine cuánto es un “tiempo razonable”, como menciona la ley. Es importante destacar que el hecho de que se interponga la demanda no asegura que se otorgue la residencia, sino que se acelere la decisión: se aprueba o se rechaza.

“La ley en ese tipo de procesos no dice exactamente en cuántos meses habrá una decisión. Nosotros no sabemos si son seis meses, ocho meses o un año. El Gobierno Federal puso a disposición una Web que dice más o menos lo que se está demorando, pero esa Web no está basado en los tiempos que dispone la ley: está basado en los tiempos de espera que ellos calculan”, asegura Quiroga.

El litigante migratorio relató que tuvieron un caso en el que la resolución tras una demanda permitió a una persona viajar a su país de origen para ver por última vez a sus padres, que murieron poco tiempo después. “Cuando la espera es tan larga todos los casos tienen una afectación humanitaria, sobre todo los casos de personas que están enfermas y no pueden ver a sus familiares. Por eso nos da tanta rabia que el Gobierno Federal nos diga que se puede demorar todo lo que quieran”, expresó.

Quiroga explica que una dificultad adicional está en los casos donde la reunificación se tiene que dar con quienes viven fuera de Estados Unidos, porque ya que USCIS tramitó la solicitud y, si es necesario, el perdón correspondiente, el expediente pasa al Departamento de Estado para otorgar una visa. Tanto el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende USCIS, como el de Estado argumentan retrasos por el COVID-19, aunque tampoco han regresado a sus niveles de trabajo previos a la pandemia. Otra paradoja de la situación es que las personas solicitantes financian con sus cuotas el servicio de USCIS.

“Están demorando mucho incluso en personas con la visa U: no les han dado un permiso de trabajo y es parte del estatuto que se los den. Entonces, por ahí se puede someter demanda, pero todo tiene un costo, y es injusto para los inmigrantes tener que estar costeando los costos del litigio”, concluye Quiroga.

EL DATO

Quiroga Law Office cuenta con oficinas en Spokane, Kennewick y Wenatchee, en el estado de Washington; en Las Vegas, Nevada; y en Querétaro, México. Pueden atender casos en cualquier parte del país y su teléfono es el 509 927-3840.

DEBE SABERLO

Según un reporte del 2021, USCIS recibió 9.1 millones de casos, atendidos por 19,000 empleados y contratistas, con 96% de operación con base en sus tarifas. Ese año tomó juramento para la naturalización a 809,000 personas, concedió una residencia permanente a 511,000, y recopiló 2.5 millones de datos biométricos.