En un caso único en su tipo, 5 de los 19 policías acusados penalmente por su desempeño en los disturbios de fines de mayo del 2020 presentaron una demanda civil contra la Ciudad y el alcalde de Austin, el Condado Travis, el Estado de Texas, el fiscal de distrito, tres organizaciones civiles y tres proveedoras de equipamiento policial.

El abogado que lleva el caso, Adam Muery, afirmó a El Mundo Newspaper que sus clientes cumplían su deber al tratar de proteger a la población y a ellos mismos de actos vandálicos, pero contaban –sin saberlo en el momento– con un equipamiento inadecuado y sin el entrenamiento apropiado. “Cuando ellos estaban haciendo su trabajo, mucha gente estaba atacándolos con explosivos pequeños, con piedras, con botellas que estaban con hielo, por lo cual eran como piedras, y también estaban golpeando a los policías”, explicó.

Joshua Jackson, Rolan Rast, Todd Gilbertson, Derrick Lehman y Alexander Lomovstev son parte de los 17 oficiales y 2 sargentos acusados criminalmente por la Fiscalía de Distrito por asalto agravado, que ahora buscan limpiar su nombre y reparación de daños por un millón de dólares. “Declarar un asalto agraviado significa que se asalte a otra persona y le cause muerte o lesiones severas y, en este caso, parte de lo que estamos diciendo es que la intención de los oficiales no fue causar lesiones corporales graves, sino que fue utilizar cartuchos ‘beanbag’, en lugar de disparar balas, para evitar que la gente siguiera atacando a los policías”, aclaró el abogado Muery y señaló que sus clientes se sienten tratados injustamente en el proceso en su contra y que, a pesar de que ellos seguían órdenes, ningún responsable o superior ha sido incluido en el proceso de la Fiscalía de Distrito.

Al respecto, la demanda establece que Joseph Chacón, actual jefe de la Policía de Austin, fue el comandante principal y quien decidió que usaran los cartuchos ‘beanbag’ y el gas lacrimógeno para liberar la autopista Interestatal 35, que había sido bloqueada por los manifestantes.

Black Lives Matter, Austin Justice Coalition y Mike Ramos Brigade son las organizaciones demandadas por los cinco policías representados por Muery ya que, aunque habían anunciado que suspenderían la protesta, la realizaron, además de utilizar la situación para promoverse y recaudar fondos. “Algunos de estos grupos promovían la violencia contra la Policía y (autoridades de) la Ciudad; por ejemplo, los de Mike Ramos Brigade daban instrucciones de cómo pelear con la Policía, cómo destruir cosas en la ciudad”, relató.

Safariland LLC, Defense Technology y CSI Combined Systems Incorporated son las compañías incluidas en la demanda por crear cartuchos que resultaron defectuosos o caducos, algo que la Ciudad reconoció que tuvo conocimiento y, a pesar de ello, no los retiró de servicio ni lo notificó. “Tenían conocimiento de que estas balas tenían problemas pero ellos nunca dijeron nada a los policías. Mis clientes no sabían que esas balas estaban dañadas, estaban defectuosas”, refirió el litigante de Texan Legal y agregó que, en medio de una situación en la que estaban superados numéricamente, sus clientes tuvieron tanto miedo que llegaron a pensar que morirían, por lo que hasta se despidieron por teléfono de sus familias. Actualmente se recuperan de heridas y enfrentan estrés postraumático.