En octubre pasado, el fiscal general William Barr emitió determinaciones que limitan las opciones de los inmigrantes para luchar contra la deportación que implican a extranjeros que han cometido algún delito considerado menor o tienen múltiples condenas por alcoholismo. Sin embargo, la semana pasada, el fiscal Barr decidió revisar su propia decisión, ordenando a la Junta de Apelaciones de Inmigración ofrecer una postura sobre el ‘Caso Reyes’, en referencia a Reyes Onesta, conocido también como Sirano Onesta, un residente permanente que enfrenta deportación, acusado de robo, pero calificado como un delito mayor.

La determinación tendría un impacto importante, ya que los jueces migratorios, que dependen del Departamento de Justicia (DOJ), deberán decidir con base en estos argumentos si un inmigrante con Residencia Permanente puede ser expulsado por delitos similares.

El proceso contra Reyes se suspendió al menos hasta el 17 de enero del 2020, fecha límite para que los defensores y la Junta ofrezcan mayores argumentos por el caso que sentaría precedentes para otros inmigrantes.

EL DATO

El fiscal William Barr tiene el poder de ‘certificar’ las decisiones de la Junta de Apelaciones y emitir sentencias vinculantes sobre cómo los tribunales de inmigración deben interpretar la ley.