Durante su estancia en la St. Andrews Presbyterian Church con su hijo Iván, la inmigrante guatemalteca Hilda Ramírez recibió una notificación del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en la que le comunicaban que había sido multada con 304,000 dólares por desafiar diversas órdenes de deportación en su contra. Sin embargo, la ansiedad que ocasionó esa ingrata noticia fue conjurada por el Department of Homeland Security con el anuncio reciente de que las multas contra los refugiados en este país serían retiradas, sin que eso signifique que las órdenes de remoción también serán anuladas.

Para la comunidad inmigrante y para las organizaciones proinmigrantes como Grassroots Leadership la decisión es una victoria, especialmente porque se da en medio de una ambiente político y social desfavorable con la inmigración.

Hilda y su hijo seguirán refugiados en la iglesia hasta que se resuelva su caso. Hasta entonces, implora al Congreso de la Unión que encuentre una solución favorable para las personas que, como ella, han hecho de este país su nuevo hogar.

EL DATO

Hilda Ramírez y otros siete indocumentados fueron liberados de onerosas multas que oscilaban entre $300,000 y $500,000.