La jueza federal Laurel Beeler ordenó a la Administración Trump que continúe procesando las solicitudes para los casi 2,700 inmigrantes centroamericanos que se disponían a viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Procesamiento de Refugiados. El gobierno de Donald Trump anunció el fin de este programa en agosto del 2017.

El programa les permite a los padres que se encuentran en territorio estadounidense con autorización legal presentar solicitudes para trasladar al país a sus hijos o familiares que vivían en Honduras, Guatemala o El Salvador.