E l opio es el látex lechoso de la cápsula de una planta llamada adormidera. Contiene sustancias naturales como morfina y codeína (opiáceos) utilizadas como poderosos calmantes del dolor. A inicios del siglo pasado se sintetizaron decenas de derivados artificiales (opioides), entre ellos la heroína, la oxicodona (OxyContin), la hidrocodona, la metadona y el fentanilo. El problema es que, además de su extraordinario poder analgésico, los derivados naturales y sintéticos del opio tienen un enorme poder adictivo.

Esa adicción y la facilidad y la cantidad con la que se pueden encontrar los opiáceos y opioides han contribuido a causar una desgracia de salud pública en este país.

La actual crisis nacional de adicción a medicamentos derivados del opio, que se calcula causará medio millón de muertes en la siguiente década, es también el resultado de la colaboración de sociedades médicas, personal corrupto y perversos incentivos económicos diseñados por las compañías farmacéuticas.

Tras décadas de indiferencia al alto riesgo del empleo de los productos derivados del opio, el escándalo estalló en 2007, año en que tres ejecutivos de Purdue Pharma fueron acusados de exagerar los beneficios y minimizar los efectos adictivos de sus narcóticos. Los tres fueron declarados culpables y la compañía pagó una multa de 635 millones de dólares.

Poco después, en 2009, la Joint Commission retiró su recomendación de preguntar al paciente si sufría de algún tipo de dolor, pregunta obligatoria que añadió al chequeo de signos vitales (junto al pulso, temperatura, respiraciones y presión arterial) en 2001 con el aval de la American Pain Society.

Desde entonces, decenas de médicos han sido encarcelados por dispensar recetas indiscriminadas de narcóticos derivados del opio.

La lucha contra la crisis de adicción a los narcóticos marcó un hito en el 2016, tras la revelación de que las compañías farmacéuticas sobornaban a médicos y funcionarios para comercializar sus productos.

Los grandes intereses ya no podían camuflar la crisis, que mereció una respuesta tardía, pero necesaria, de parte de las autoridades: en septiembre pasado, el Senado de la Unión aprobó un proyecto de ley para controlar el problema, que incluye un presupuesto propio destinado al fondo de emergencias de salud pública, el cual no ha sido reabastecido por años.