Gracias a la intervención de abogados de la organización Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y a una oportuna demanda judicial, el Gobierno Federal acordó otorgarle a la inmigrante salvadoreña Laura Monterrosa (23) sesiones de tratamiento psiquiátrico para lidiar con su diagnóstico de estrés post traumático y de trastorno depresivo mayor. Sin embargo, activistas que ayudaron a Monterrosa a denunciar un caso de presunto abuso sexual (la agresora sería una guardia del centro de detención) insisten en que debe ser liberada, ya que el ambiente en el T. Don Hutto Residential Center de Taylor es traumático y hostil con ella.