Funcionarios del Gobierno Federal están realizando un esfuerzo coordinado para encontrar evidencia de fraude migratorio al reexaminar los archivos de los inmigrantes que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia anunció en enero de este año que esperaba presentar acciones para revocar la ciudadanía contra aproximadamente 1,600 personas. Seis meses después, el Gobierno Federal anunció planes para contratar a varias docenas de abogados y oficiales de inmigración para dotar de personal a una nueva oficina centrada en este trabajo.

En los últimos 30 años, el Gobierno Federal ha tratado de revocar la ciudadanía de algunas personas después de haberse dado cuenta de irregularidades individuales, analizando caso-por-caso. Como resultado de las pesquisas, los fiscales han presentado alrededor de una docena de casos para la revocación (o ‘desnaturalización’) por año.

La Administración Trump aumentó considerablemente el número de intentos de ‘desnaturalización’: presentó 25 casos en 2017 y otros 20 durante el primer semestre del 2018. Las autoridades ponen mayor énfasis en los casos en donde se utilizó más de una identidad o se ocultaron órdenes de deportación antes de solicitar la ciudadanía. Actualmente, USCIS revisa más de 700,000 casos.

Según los especialistas en el tema, la forma en que se están litigando los casos de ‘desnaturalización’ dificulta que el sistema de justicia distinga entre fraude y error burocrático.

EL DATO

La ciudadanía es más que un interés personal. En palabras de la Corte Suprema, la confianza en la estabilidad de la ciudadanía afecta ‘la naturaleza misma de nuestro Gobierno libre’.