La otra parte

Quienes se oponen a validar el contrato que quiere el Austin Police Association aseguran que éste permitiría que los oficiales actúen en el límite de la ley, con altas posibilidades de cometer abuso de poder contra las personas que sean detenidas, y más ahora que la SB4 está vigente con las partes consideradas más antiinmigrantes.

Durante negociaciones recientes, varias organizaciones locales comunitarias acordaron ocho recomendaciones claves para el nuevo contrato con el APD. Sin embargo, pocas fueron consideradas seriamente.

“Solicitamos que la Ciudad haga cambios en el próximo contrato; por ejemplo, que los archivos y los registros del APD sean de dominio público, así como los récords de las malas conductas, quejas y acusaciones contra los oficiales del APD. Los policías no son castigados por sus malas acciones, por el contrario, son protegidos por contrato. Solicitamos que cambien ‘la regla de los 180 días’, que limita la cantidad de tiempo que el jefe de policía tiene para disciplinar a sus oficiales; después de ese tiempo, los oficiales no pueden ser castigados por cualquier potencial delito que hayan cometido”, explica Chris Harris, analista de datos y coordinador de campañas de la organización Grassroots Leadership.

“Comenzaremos nuevas negociaciones con la Administración de la Ciudad en una o dos semanas y esperamos que, finalmente, lleguemos a un acuerdo por el bien de nuestros oficiales y de la seguridad de nuestra comunidad”, concluye Ken Casaday.