Los aspirantes al asilo migratorio podrían pasar en detención entre dos semanas y hasta cinco meses (dependiendo de cada caso) antes de una entrevista que confirmará su temor de regresar a su país de origen. Después podían solicitar su libertad. El Gobierno Federal, bajo la Administración Trump, no le otorga esa posibilidad a los inmigrantes que necesitan de ese beneficio. Una organización nacional proinmigrante presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE porque cinco peticionarios han rebasado el tiempo acostumbrado de espera y son tratados como criminales.

El pasado 26 de septiembre, Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) presentó una demanda contra funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención prolongada de cinco solicitantes de asilo migratorio.

“Los denunciantes abandonaron sus países porque enfrentaron tortura, tráfico humano y atentados contra sus vidas. Sin embargo, meses después, siguen siendo detenidos como si fueran criminales y no víctimas”, declaró para El Mundo Newspaper Jennifer Harbury, abogada de TRLA y principal encargada del caso.

Los peticionarios son Alberto Matute Banegas (19) de Honduras; Celinda Araceli Lemus Rodríguez (31) de Guatemala; Hatim Balde (28) de Guinea; Sadat Ibrahim (31) de Ghana; y Mikailu Jalloh (26) de Sierra Leona. Todos se encuentran confinados en los centros de detención de los condados texanos de Cameron, Frio y Webb.

Según los abogados de estas personas, aunque no son convictos, los cincos visten uniformes de prisión y, en algunos casos, están esposados. Solo se les permite salir de sus celdas durante una hora por la mañana y una por la noche. No pueden moverse libremente y no tienen acceso al correo electrónico ni al Internet; además, sus llamadas son monitoreadas y sus amigos y familiares pueden verlos solo a través de una gran ventanilla.

“Al llegar a la frontera sur de Estados Unidos, los demandantes recibieron un permiso de entrada por parte de las autoridades migratorias y pasaron la ‘Credible Fear Interview’, una rígida entrevista a la que son sometidos los solicitantes de asilo. A partir de ahí tienen derecho a pelear sus casos en una corte de Inmigración”, nos dice Catherine Norris, abogada de TRLA en San Antonio y agrega: “Habitualmente, cuando el solicitante se identifica con su nombre, se prueba que no es una amenaza para la comunidad y que no van a escapar de las autoridades, y se les otorga el ‘Parole of Arriving Allience’ (un permiso para salir en libertad). Sin embargo, lo que estamos viendo últimamente es que el Gobierno Federal no está ofreciendo ese permiso para evitar la detención, es por eso que hemos interpuesto la demanda en contra de las autoridades migratorias, porque no están respetando la ley”.