Reclutamiento forzado de adolescentes para convertirlos en sicarios. Pueblos arrasados por completo. Cientos de personas incineradas. Es el camino que, durante al menos seis años, el cártel de Los Zetas siguió para controlar la vida de cientos de miles de personas en Coahuila.

Diversos testimonios en tribunales texanos ayudan a dar una idea del infierno en que se convirtió ese estado mexicano. Todas esas declaraciones se reúnen en el informe ‘Control sobre todo el Estado de Coahuila’, que fue realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila.

El documento analiza los juicios contra ex integrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río. Los procesos se realizaron entre el 2013 y el 2016. A los detenidos se les acusó de asesinato, conspiración para importar drogas y armas, así como de lavado de dinero.

Los interrogatorios permitieron conocer la forma como el cártel estableció un control casi total en varias regiones de Coahuila. El mayor control de Los Zetas se realizó en municipios vecinos a la frontera con Estados Unidos. Y para conseguirlo compraron el apoyo de las policías municipales, del gobierno estatal y algunas del orden federal. También establecieron una red privada de comunicaciones, con cientos de antenas retransmisoras en edificios, locales comerciales o en los cerros cercanos.

Además de la colaboración de las autoridades, la manera más efectiva de controlar parte de Coahuila fue el terror. El caso más conocido fue el asesinato de 300 personas en el pueblo de Allende, entre marzo y abril del 2011. Muchas de las víctimas fueron incineradas en el lugar, en venganza porque algunos ex integrantes empezaron a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. De la masacre nada se supo durante varios años, y aún ahora no se conoce por completo lo que sucedió.

Los Zetas ya no mantienen un control total de Coahuila como el que se documentó en los juicios en Texas. Ese cártel es uno de los más afectados por el combate de las autoridades. Prácticamente todos sus fundadores, ex militares de élite, murieron o están detenidos.

La organización solo tiene presencia en una parte de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Tabasco. Antes controlaban el tráfico de drogas, secuestros de migrantes y extorsión a empresarios en 10 de los 32 estados mexicanos. Pero la huella que dejaron en su cuartel general, la zona norte de Coahuila, no se borra. Sobre todo para las familias de personas desaparecidas.