Son más de 1,500 guatemaltecos los individuos con los que el Gobierno Federal experimentó entre 1946 y 1948 para estudiar en humanos el desarrollo de las infecciones de transmisión sexual y evaluar la capacidad de prevención de la penicilina. Para lograrlo recurrieron a prostitutas infectadas a las que se permitía pasar la noche con reclusos para transmitirle el virus, a niños de orfanatos a los que se les inyectaba, a enfermos mentales y militares de baja graduación que no cuestionaban órdenes. Al menos 83 murieron en los experimentos, pero cientos quedaron marcadas de por vida.

Una demanda colectiva ha sido presentada por un grupo de 773 personas contra la Universidad Johns Hopkins, la fundación Rockefeller y contra el grupo farmacéutico Bristol-Myers Squibb, compañía que suministró la penicilina para los experimentos. Según la demanda, médicos y científicos vinculados a estas instituciones participaron, aprobaron, fomentaron, ayudaron y fueron cómplices de los experimentos realizados en Guatemala, y su posterior análisis, hasta bien entrados los años 50. La demanda señala que en la década de los años 30 y 40 hubo un aumento de los estudios en ese ámbito financiados con fondos federales, pero que el Gobierno Federal no ejercía control sobre la investigación o los médicos que la conducían. Los demandados negaron cualquier responsabilidad.

El caso salió a la luz en el 2010 cuando la investigadora estadounidense Susan Rever, del Wellesley College, se topó con los archivos del doctor John Cutter, uno de los médicos que realizó los experimentos para el servicio de salud pública de Estados Unidos. Los documentos encontrados revelaron que los guatemaltecos no fueron informados sobre la naturaleza de los experimentos, ni sobre las consecuencias de contraer la enfermedad.

Los experimentos trataban de establecer si la penicilina podía prevenir una infección temprana de sífilis, y no sólo curarla. En algunos casos no recibieron ningún tratamiento o se les suministró un tratamiento parcial para continuar viendo la evolución de la enfermedad.

En el 2010, el Presidente Barack Obama se disculpó con el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y ordenó la creación de la comisión presidencial de bioética que concluyó que esas prácticas entrañaron inconcebibles violaciones básicas de la ética médica. Además, el Mandatario se comprometió a realizar una investigación independiente y a compensar a las víctimas. Pero esa reparación tampoco ha llegado.

La demanda presentada este año (2015) será el segundo intento de los guatemaltecos de buscar una reparación: en el 2012 un juez federal desestimó otra querella contra el gobierno de Estados Unidos al considerar que no se puede responsabilizar al Gobierno Federal por hechos que ocurrieron fuera del territorio. La nueva demanda (de la que no forman parte los demandantes anteriores) pide una reparación de $1,000 millones en concepto de daños por la crueldad y desprecio con los derechos humanos de los afectados. AGENCIAS