Más de 67 mil menores de edad viajaron solos desde naciones centroamericanas y cruzaron la frontera de México con Texas en 2014. Desde entonces, decenas de mujeres y niños llenan las cortes de Inmigración en audiencias que demoran en otorgarse alrededor de seis meses. Sin embargo, la reciente aceleración en estos trámites refleja los esfuerzos del Gobierno Federal por analizar con rapidez los casos de los indocumentados centroamericanos para impedir que otros inmigrantes quieran cruzar la frontera hacia territorio estadounidense.

Este descomunal esfuerzo tiene consecuencias para otras miles de personas dentro del sistema migratorio, que enfrenta un atraso récord de más de 430 mil casos en todo el país. Algunas audiencias de inmigrantes han sido pospuestas de manera indefinida, lo cual puede dificultar casos en los cuales el tiempo cuenta, poniendo en peligro la oportunidad de esas personas de recibir el ansiado permiso permanente de estancia.

Los mexicanos, que constituyen la mayor porción de casos en los tribunales de Inmigración, han visto sus períodos de espera aumentar en un 13%, a 533 días, según un nuevo análisis de datos judiciales de archivo realizado por la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

El análisis de TRAC indica que el tiempo de procesamiento de los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños –de cuyos países provino la mayor ola de inmigrantes en el verano pasado– ha disminuido en un cuarto en los últimos cuatro meses, como parte del esfuerzo acelerado anunciado en julio del año pasado por el Departamento de Justicia.

Los salvadoreños tienen el período de espera más corto: 291 días. Pero según TRAC, a medida que estos casos han sido acelerados, el atraso general de los tribunales en todo el país aumentó en un 5% desde octubre.

Las organizaciones civiles proponen que el Congreso de la Unión contrate a más jueces con financiamiento completo para un sistema judicial con dificultades que, durante años, ha languidecido mientras que los ingresos para las agencias que detienen a inmigrantes, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, han aumentado considerablemente:

En el 2013, por ejemplo, los tribunales recibieron alrededor de $304 millones, comparados con los $18 mil millones que obtuvieron las agencias que arrestan a inmigrantes. AGENCIAS