Deportación de ilegales por delitos menores
1/9/2025, 1 a.m.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley H.R. 29 o “Laken Riley Act”, para que las fuerzas policiacas detengan a indocumentados que cometan delitos hasta que puedan ser deportados. La norma ahora se dirige al Senado. Esta fue la segunda votación para la ley que había sido aprobada el año pasado, pero no logró respaldo en el Senado. La legislación busca presentar acciones civiles contra los funcionarios federales que se nieguen a detener a inmigrantes indocumentados que haya cometido delitos, como robo y asesinatos. Además, la H.R. 29 permitiría a los fiscales generales estatales exigir ayuda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la detención de inmigrantes.
Laken Riley, de 22 años, fue asesinada en la Universidad de Georgia por José Ibarra, de 26 años, un inmigrante indocumentado que fue condenado el año pasado. El caso tomó relevancia a nivel nacional en medio de las elecciones generales y el debate sobre inmigración y la llegada de indocumentados. El DHS confirmó que Ibarra había sido liberado cuando ingresó a Estados Unidos, debido a la saturación en el Centro de Procesamiento Central en El Paso, Texas. Los republicanos buscan que la ley sea aprobada en el Senado antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo como Presidente 47 de EE.UU., para contribuir a su agenda migratoria.
Por otra parte, organizaciones proinmigrantes están alertando que la H.R. 29 puede causar la detención de personas no culpables por parte de las autoridades cuando se basan en el perfil racial. Al basarse en un grupo de características que se cree que están asociadas con el delito, las autoridades hacen uso de la raza, por ejemplo, para determinar qué conductores hay que detener por infracciones de tránsito menores (lo que se conoce comúnmente como “conducir siendo negro o moreno”), o el uso de la raza para determinar qué peatones hay que buscar en busca de contrabando ilegal.
Activistas y organizaciones estiman que el proyecto de ley H.R. 29, de ser aprobado y convertirse en ley, pondrá en riesgo de detención a personas no culpables de delitos, incluso a estadounidenses.