En un vaivén de decisiones a favor y en contra que está manteniendo en vilo a Texas y al país en general desde hace varios días, la Ley Antiinmigrante más dura de Estados Unidos, más conocida como SB4, aún no puede ser aplicada en el Estado, según ha determinado la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones.

Se espera que el próximo 3 de abril haya una nueva audiencia para determinar el futuro de esta polémica medida.

Como en el título de la famosa película protagonizada hace varias décadas por el gran Al Pacino, fue una implícita “Tarde de Perros”, ya que mientras pasado el mediodía la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminaba que las autoridades de Texas podían aplicar la nueva ley migratoria del Estado, por la noche, la Corte federal líneas arriba señalada, determinaba por una votación de 2-1, que esta ley no iba más hasta nuevo aviso. La decisión anuló un fallo de otro tribunal que aprobaba su aplicación y ahora se está a la espera de los argumentos del gobierno de Texas y del gobierno Federal para tomar una decisión final.

La Ley SB4, que estuvo en vigencia menos de nueve horas desde que la Corte Suprema le dio luz verde, fue firmada en diciembre del año pasado por el gobernador Greg Abbott y establece castigos de hasta 20 años de prisión para aquellos que ingresen al país a través de las fronteras texanas, de forma irregular, al tiempo que permite a las agencias de seguridad estatales a pedir papeles a cualquier persona que ellos consideren sospechosa de haber ingresado ilegalmente al país.

Mientras la administración del presidente Biden argumenta que la “ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales al interferir con la potestad de Washington para regular la migración, el gobernador Abbot sostuvo que la aprobación de la ley “supondrá claramente un desarrollo positivo ante la inacción deliberada de Biden que ha dejado a Texas a su suerte”.

Por su parte, el Gobierno de México a través de su cancillería protestó enérgicamente inmediatamente después que la ley estuvo entrara en vigor. “México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, señaló en un comunicado.

A su vez, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que objetó la ley ante los tribunales desde un principio, prometió que no daría marcha atrás hasta que “esta ley antinmigrante extrema sea derogada para siempre”.