Grupos de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes aseguran que la ley SB4 viola la Constitución porque invita a aplicar perfiles raciales contra los hispanos, sean residentes permanentes o naturalizados. La mencionada ley advierte: quien transporte indocumentados incurre en tráfico humano, por lo que se expone a un máximo de diez años en prisión.

Marisa Limón Garza, directora ejecutiva de Las Americas Immigrant Advocacy Center, cuestiona el contenido de la Ley SB4 y considera que ésta podría ser una herramienta decisiva del juego político de las próximas contiendas electorales. Limón Garza comparte varias recomendaciones para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades:

En primer lugar, se debe tener una comunicación adecuada entre familiares y guardar los documentos personales y de trámites migratorios en un lugar seguro; y se deben tener los papeles del vehículo en regla y no exceder los límites de velocidad al conducir un coche. También documente y denuncie cualquier abuso del cuál sea víctima o testigo.

Por otra parte, Alicia Torres, representante de Grassroot Leadership, destacó que esta ley incita a la discriminación y al racismo: “Esta ley no solo es una afrenta a la justicia, también socava los principios fundamentales de igualdad y respeto por los derechos humanos”.

Finalmente, en México, los senadores promueven en la Comisión Permanente un acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que fortalezca la protección, asesoría y acompañamiento de los inmigrantes mexicanos a través de todos sus consulados en el territorio texano.