La inmigración se perfila como uno de las preocupaciones políticas más importantes de la campaña electoral, pero desde el punto de vista económico y a medio y largo plazo cuesta verlo como un problema. Uno de los motivos es que buena parte de los indocumentados pagan impuestos y en un porcentaje muy similar al de la media de los contribuyentes estadounidenses, un 26,1%. Las cifras que han estudiado economistas del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) en 2022 apuntan a que ese año unos 10,9 millones de indocumentados pagaron 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Buena parte de ese dinero, 59.400 millones, fue recaudado por el Gobierno federal.

Por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben $8,900 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales. Por otro lado, por cada millón de inmigrantes indocumentados que son deportados, los servicios públicos pueden perder $8,900 millones de dólares en ingresos fiscales.

Dar acceso a la autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados actuales aumentaría sus contribuciones fiscales en $40,200 millones de dólares al año, hasta los $136,900 millones de dólares.

Más de un tercio de los dólares de impuestos pagados por los inmigrantes indocumentados se destinan a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas, como la Seguridad Social y Medicare, a los que estos trabajadores no pueden acceder. Esto se resolvería también al otorgarles permisos de trabajo.

De manera similar, los pagos de impuestos sobre la renta de los inmigrantes indocumentados se ven afectados por leyes que les exigen pagar más que los ciudadanos estadounidenses en situaciones similares. Por ejemplo, a menudo se les impide recibir créditos fiscales significativos, como el Crédito Fiscal por Hijos o el Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo.

Seis estados –California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey– recaudaron más de mil millones de dólares cada uno en ingresos fiscales de los inmigrantes indocumentados que viven dentro de sus fronteras.

En una gran mayoría de estados (40), los inmigrantes indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el 1% más rico de los hogares que viven dentro de sus fronteras.