El gobierno de México anuncia que proveerá de asistencia legal inmediata a los inmigrantes indocumentados que se hallan en Texas, muchos de los cuales enfrentarían graves consecuencias bajo una ley de seguridad fronteriza que otorga a las autoridades estatales el derecho de arrestarlos y deportarlos.

El nuevo delito estatal de entrada ilegal a a territorio texano desde otro país será un delito menor Clase B. El delito del migrante sería un delito mayor si se niega a cumplir la orden de un juez estatal de regresar al país desde donde entró a territorio texano.

Diversas organizaciones no gubernamentales, defensores de los derechos de los inmigrantes y familias mexicoamericanas han expresado preocupación por cómo será implementada la nueva ley y quiénes serán afectados. También hay preocupación por las probabilidades de fraude por parte de ‘expertos legales’ que buscarán aprovecharse de los migrantes vulnerables.

Aunque la Corte Suprema ha dictaminado que el Gobierno Federal es el único responsable de la política de inmigración, el Gobernador Abbott afirma que el proyecto de ley aprobado en el Capitolio texano es constitucional y que están preparados para afrontar demandas contra su vigencia.

EL DATO

El gobierno mexicano tiene 53 oficinas consulares en Estados Unidos, 11 de ellas en Texas, incluyendo la representación de Austin y San Antonio.