Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes del Congreso de la Unión, liderados por la Republicana María Elvira Salazar (Florida) y la Demócrata Verónica Escobar (Texas), presentó una propuesta de reforma migratoria que ofrece la posibilidad de que alrededor de once millones de inmigrantes indocumentados, que ya viven y trabajan en este país, puedan legalizar su estatus migratorio. Además, el proyecto de ley propone reducir la llegada de indocumentados a la frontera sur otorgando más fondos para la seguridad fronteriza y reformando los procesos para pedir asilo. Ambas congresistas aseguraron que comenzarán las conversaciones con colegas de sus partidos para asegurar que la medida sea aprobada en la Cámara y en el Senado a la brevedad posible.

Bajo esta propuesta, las personas que se encuentren en situación migratoria irregular, que hayan vivido por cinco años en el país y que no tengan antecedentes penales podrían entrar a un programa que les otorgaría permiso de trabajo y de viaje por siete años. Todas las personas que califiquen tendrán que pasar una verificación de antecedentes criminales y pagar impuestos.

Los inmigrantes tendrían que pagar $700 por año al Gobierno Federal, para un total de $4,900 en siete años. Los fondos recolectados se usarán para asegurar la frontera y para compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por los indocumentados.

Durante el periodo del que han llamado ‘estatus de dignidad’, los beneficiarios no podrán tener acceso a servicios o programas sociales; y después de completar los siete años requeridos, deberán esperar otros cinco para solicitar la ciudadanía estadounidense.

EL DATO

Este proyecto de ley, llamado Ley de Dignidad 2023, también contempla ofrecer un camino a la ciudadanía para los ‘dreamers’ y para los beneficiarios del TPS.