Aunque captó la atención internacional y registró el aumento de fuerzas de seguridad estatales y federales, la frontera entre Estados Unidos y México se mantiene relativamente tranquila ante el fin del Título 42, de acuerdo con la organización Texas Civil Rights Project, pero con una crisis humanitaria continua.

Debido a que el asunto es altamente usado como propaganda política, varias organizaciones sin fines de lucro han ayudado –desde Brownsville hasta El Paso– a los solicitantes de asilo humanitario, brindándoles información sobre sus derechos. Estas organizaciones critican la respuesta que han dado las autoridades estatales y las federales, en lugar de dar la atención necesaria a quienes llegan huyendo de sus países para salvar sus vidas.

En entrevista con El Mundo Newspaper, Denisse Molina, coordinadora de Alcance Humanitario del Beyond Borders Program del Texas Civil Rights Project, rechazó que se haya producido una invasión de migrantes tratando de cruzar la frontera tras tres años de estar cerrado el paso, como se anticipaba. “Muchos políticos están usando este discurso antiinmigrante para promover sus plataformas políticas y no piensan que éstas son personas, que son vidas humanas que están aquí por una situación de vida o muerte. Hay mucha división en el país, creo que hay mucha desinformación y negatividad sobre este tema”, señala.

Molina consideró que las autoridades deberían invertir en centros de bienvenida, donde se dé atención humanitaria, albergue y asistencia legal, además de facilitar la transportación hacia sus lugares de origen una vez que se les concede un asilo. Existen lugares así, pero solamente con financiamiento privado y donativos.

“El mundo está viendo cómo Estados Unidos está reaccionado y cómo está recibiendo a los migrantes; entonces tenemos que preguntarnos qué ejemplo queremos darle al mundo: ¿queremos que nos miren como un país antiinmigrante, racista? ¿o somos el país del sueño americano, donde tendrás muchas oportunidades?”, cuestiona Molina.

Para la activista, las medidas tomadas por las autoridades están enfocadas en ser disuasorias y en facilitar la deportación; Molina pone como ejemplo las entrevistas exprés que evalúan las solicitudes de asilo pero con acceso legal muy limitado, sin que se garanticen los derechos de los solicitantes. “El asilo es una cuestión internacional que los migrantes tienen derecho de pedir una vez que ingresan a Estados Unidos. Hubo medidas del Gobierno estatal y del Gobierno federal para restringir el acceso a esos derechos y eso es algo que estamos monitoreando al igual que otras organizaciones: queremos que se respeten eso derechos”, Molina.

La activista sugiere estar pendientes de la información que proveen las organizaciones que están trabajando directamente en el tema, como Texas Civil Rights Project, en lugar de solo considerar la información tendenciosa de algunos medios de comunicación, que solo muestran algunos aspectos superficiales y no el fondo de la situación, sin hablar con las personas a las que captan cruzando la frontera.

“Podemos esperar que las personas seguirán solicitando asilo en Estados Unidos, y podemos esperar seguir viendo a muchas personas –porque esperaron esto por tres años– que necesitarán a asistencia si son liberadas en este país. Exhortaría a que las personas en general se pongan en comunicación con organizaciones humanitarias que hacen este tipo de trabajo en la frontera, y que donen dinero, que sean voluntarias y que sigan el trabajo que estamos haciendo”, concluye Molina.

EL DATO

Denisse Molina, coordinadora de Alcance Humanitario del programa Beyond Borders de Texas Civil Rights Project.

DEBE SABERLO

A diferencia del Título 42, que expulsaba a las personas hacia México o el país de origen sin consecuencias migratorias, el Título 8 –que volvió a entrar en vigor al vencer el Título 42 el pasado 11 de mayo– aplica una deportación rápida, prohíbe a quienes fueron deportados regresar al país en cinco años y puede encausar criminalmente a quienes intenten entrar al país de manera ilegal de forma repetida, de acuerdo con el U. S. Department of Homeland Security.