Las condiciones económicas y sociales, el impacto del cambio climático, la violencia y la falta de empleos en Honduras y El Salvador son elementos considerados por un equipo de expertos que ve ‘complicado’ el retorno forzado de los ciudadanos de esos países si se cancela el TPS que los protege. Que estos inmigrantes regresen a sus países registrará una disminución en remesas –hasta 1,200 millones de dólares cada año– lo que fomentaría un incremento en la pobreza en sus territorios. En la actualidad alrededor de 350,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal siguen amparados por el TPS mientras siguen en Cortes federales litigios con demandas interpuestas contra la Administración Trump aduciendo ilegalidad en la cancelación de ese beneficio migratorio.