Por estos días, y probablemente durante las próximas semanas, el ambiente en las garitas fronterizas, y en general en toda la línea de frontera, es de tensión para las autoridades encargadas del resguardo de esa parte del país, y desesperación entre la gran cantidad de inmigrantes que pugnan por ingresar.

Como consecuencia del fin de la ley conocida como Título 42 –que permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en todas las fronteras terrestres con el objetivo evitar la propagación del COVID-19– son cada vez más los inmigrantes que llegan a la frontera sur para intentar ingresar al país, muchos de ellos pidiendo asilo humanitario.

Sin embargo, tienen pocas probabilidades de recibir ese beneficio porque el inmigrante debe primero haber buscado la protección de uno de los países por los que pasó de camino a la frontera estadounidense; la otra opción –también de improbable final feliz– es presentar la solicitud de asilo por internet.

La zona más ‘caliente’ en la frontera con México se registra en la garita de El Paso, desde donde las autoridades migratorias están expulsando a cientos de inmigrantes que acampan en las calles de esa ciudad.

Quienes sean sorprendidos cruzando ilegalmente no podrán intentar ingresar al país durante cinco años, además, podrían enfrentar acciones penales si lo hacen.

Para asegurar la contención de cientos de inmigrantes, habrá presencia militar en toda la línea fronteriza que trabajará en labores administrativas –para darle un respiro a los agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE– pero también se concentrarán en detectar y controlar puntos de cruce irregular en las zonas desérticas.

Las acciones para evitar el ingreso de inmigrantes dispuestas por el Gobernador Abbott incluyen el despliegue de la nueva Texas Tactical Border Force, unidad integrada por elementos de la Guardia Nacional, que patrullará las zonas limítrofes con helicópteros Black Hawk y C130; además, para disuadir el paso ilegal, desde la oficina del Gobernador anunciaron la preparación de proyectos de ley que considerarían ‘delito grave’ la entrada de indocumentados y permitiría la expulsión inmediata de los que sean arrestados en suelo texano.