Las oficinas de Inmigración están tan abrumadas que algunos solicitantes de asilo que cruzaron por México probablemente tendrán que esperar una década antes de poder siquiera recibir una cita para comparecer ante un juez.

Los retrasos se deben a un cambio aplicado dos meses después de que el Presidente Biden asumió el cargo, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron la práctica ya abandonada de liberar a inmigrantes rápidamente, con libertad vigilada. A los indocumentados se les instruyó reportarse ante una oficina del Immigration and Customs Enforcement (ICE) para ser procesados y programados para una cita judicial, labor que antes realizaba la Patrulla Fronteriza.

El cambio evitó el hacinamiento en centros de detención –como ocurrió en 2019– pero el costo se hizo evidente cuando los oficiales del ICE designados para entregar las citas judiciales no se daban abasto.

Algunas oficinas ahora le dicen a los migrantes que regresen dentro de varios años, y la labor ha reducido la capacidad del ICE de cumplir con su misión tradicional de aplicar las leyes migratorias en el interior del país.

En cuanto a los migrantes, los plazos para recibir una cita judicial varían. En San Antonio, por ejemplo, la espera es hasta marzo del 2027.

Hasta entonces, los migrantes en cuestión no recibirán siquiera una cita para comparecer a tribunales, aunque pueden vivir y trabajar en Estados Unidos. Después de eso, sus casos serán procesados por los tribunales de Inmigración, un proceso que dura unos cuatro años y que en enero padecía una carga de 2.1 millones de casos atrasados, comparado con 600,000 en 2017.