El proceso judicial contra el otrora fiscal general de Texas, Ken Paxton, en el Senado estatal empezará el 28 de agosto y sería el primer juicio político de su tipo en casi medio siglo. El costo financiero de este proceso sin precedentes recientes es una incógnita y dependerá de la duración del proceso.

Republicano por tres periodos en el cargo y cercano al expresidente Donald Trump, Ken Paxton es acusado de aceptar sobornos y abusar de su poder para ayudar a un donante de su campaña. Otros puntos de la acusación contra Paxton son hacer falsas declaraciones en sus registros financieros personales y obstrucción de la justicia por diferir un juicio por cargos de fraude de valores que enfrenta desde 2015.

Paxton ha negado toda fechoría y ha dicho que el juicio político en su contra iniciado por sus compañeros Republicanos es un intento ilegal de frustrar la voluntad de los electores, quienes lo reeligieron en noviembre. Actualmente, Paxton está suspendido de sus funciones sin goce de sueldo.

Nadie sabe cuánto le costará este juicio a los contribuyentes texanos, pero expertos jurídicos dicen que cualquier costo es de importancia crítica para el autogobierno.

Lo que sí se sabe es que los abogados contratados por los regentes del juicio político en la Cámara de Representantes que alegarán que Paxton debe ser removido de su cargo ganarán $500 la hora, mas gastos de viaje.

Los senadores estatales, que fungirán como jurado, recibirán estipendios diarios cuyo monto aún no ha sido confirmado. Y son los senadores –la mayoría Republicanos– son los que tomarán la decisión de si Paxton puede seguir en el cargo de fiscal general del Estado. La senadora Angela Paxton, esposa del fiscal Paxton, podrá votar en su juicio político.

El equipo de abogados que defenderán a Ken Paxton lo integran seis funcionarios que pidieron permiso de ausencia en la fiscalía para integrarse al equipo legal de su jefe. No está claro cómo será remunerado este equipo, ya que el abogado principal ha dicho que no será con dinero público.

Paxton podría pagar sus gastos legales con dinero de su cuenta de campaña, lo cual ya ha hecho anteriormente. Hasta enero pasado, su cuenta tenía un saldo de 2.4 millones de dólares, de acuerdo con actas del Estado. O podría abrir un fondo de defensa legal, una opción con reglas más estrictas que permiten aportaciones de dinero solo de familiares y amigos. Ambas opciones requerirán transparencia pública a través de reportes de finanzas de campaña y finanzas personales.

EL DATO

Solo dos funcionarios electos han sido destituidos de sus cargos en Texas a través del proceso de juicio político: un juez estatal de distrito en la década de los setentas y el exgobernador James ‘Pa’ Ferguson en 1917.