Como consecuencia de la ley aprobada en el Congreso estatal a mediados de mayo y la firma reciente del Gobernador Greg Abbott, a partir del próximo 1 de septiembre en Texas estará prohibida por ley la administración de bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y la cirugía de cambio de sexo para personas menores de 18 años.

Esta legislación fue aprobada por la mayoría Republicana en la Cámara y en el Senado a pesar de los argumentos en contra de organizaciones como la Texas Medical Association, Texas Counseling Association, Texas Pediatric Society, American Psychiatric Association, American Academy of Pediatrics, y la American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, que recomiendan el tratamiento de afirmación de género como la mejor vía para dar atención médica a los menores transgénero.

Al participar en el festival ATX TV, el actor trans Brian Michael Smith consideró que este tipo de ataques en contra de la población transgénero están motivados políticamente y están coordinados en todo el país para afectar a muchas familias. “Los bloqueadores de pubertad han estado en el mercado por años y han probado ser efectivos. La comunidad médica está de acuerdo con su uso. Esto también afecta a los menores que no son trans, aunque la ley está dedicada para que las personas trans no lo puedan usar, lo cual es inconstitucional y será derribada”, afirma Smith, quien interpreta a un bombero en la serie de televisión 911 Lone Star, cuya historia se desarrolla en la capital texana.

Para Transgender Education Network of Texas, los políticos texanos desplegaron una serie de medidas intimidatorias contra la comunidad transgénero, rayando en la crueldad.

“Nuestra comunidad está absorbiendo violentamente las consecuencias reales de la retórica de odio. Tenemos derecho a estar seguros, tenemos derecho a ser iguales, merecemos criar a nuestras familias sin acoso ni amenazas”, declaró Emmett Schelling, director ejecutivo de Transgender Education Network of Texas, en un comunicado firmado junto con otras seis organizaciones defensoras de derechos humanos, como ACLU Texas, Texas Freedom Network y Human Rights Campaign, entre otras.

Para Schelling, la Legislatura estatal sembró una atmósfera de miedo de manera deliberada y en múltiples niveles. Entre las sesiones legislativas los oficiales trataron de provocar la histeria de los grupos anti LGBTQ+ y sus donantes, además de que policías estatales actuaban con fuerza desmedida contra los manifestantes LGBTQ+ pacíficos mientras ignoraban o celebraban las encendidas protestas de grupos antitrans.

En la sesión del 2 de mayo, los State Troopers agredieron a personas trans de color, causándoles heridas, y expulsaron agresivamente a los manifestantes pacíficos fuera del Capitolio. A todo eso se suman las burlas en redes sociales por parte de algunos legisladores estatales hacia las personas LGBTQ+.

El avance de esta Legislación, así como la persecución que en su momento inició el entonces fiscal general del Estado, Ken Paxton –suspendido por la Legislatura estatal en espera de un juicio en el Senado de Texas tras ser acusado de actos indebidos en su función– hacia padres y madres de familias trans, así como de personal médico dedicados a su atención médica, han provocado la mudanza de familias y de especialistas en el tema hacia otros Estados.

Además de esta ley, la Legislatura aprobó otra que prohíbe a los atletas trans a competir en equipos deportivos universitarios que vayan de acuerdo a su identidad, sino que lo tienen que hacer con el sexo con el que nacieron.

EL DATO

En Texas hay aproximadamente 215,600 personas –equivalentes al 3.3% de la población total del Estado– que se identifican como transgénero, de acuerdo con estimaciones del Williams Institute, centro de investigación de la Universidad de California en Los Ángeles.

DEBE SABERLO

Al menos 18 Estados de la Unión han prohibido por ley la medicación de afirmación de género o la cirugía para jóvenes trans, de acuerdo con la organización sin fines de lucro Movement Advancement Project. En tres de esos Estados, esa prohibición ha sido bloqueada por la justifica federal. Por el contrario, otros 10 Estados y el Distrito de Columbia han establecido leyes que protegen ese acceso.