Tras el movimiento por los derechos cívicos de los años sesenta, varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista del país.

Esta política, conocida como ‘discriminación positiva’, permitió aumentar la proporción de estudiantes afro descendientes, de origen hispanohablante o indios estadounidenses en las aulas, pero siempre ha sido blanco de críticas en los círculos conservadores, que la consideran opaca y racista.

En histórico fallo, la Corte Suprema puso fin a los programas de ‘discriminación positiva’ en las universidades del país. Seis jueces conservadores dictaminaron que los procedimientos para la admisión en los centros universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales.

Los magistrados conservadores estiman que las universidades son libres de considerar la experiencia personal de un solicitante, por ejemplo, si sufrió racismo, a la hora de sopesar su solicitud frente a otros más calificados académicamente.

La Corte Suprema se ha pronunciado en contra de las cuotas en varias ocasiones desde 1978, pero siempre ha autorizado que las universidades tengan en cuenta criterios raciales, entre otros.

Grandes empresas como Apple, General Motors, Accenture y Starbucks subrayaron que tener una mano de obra diversa mejora el rendimiento de los negocios y que dependen de las universidades para formar a sus futuros empleados.

Hasta antes de este fallo, la Corte Suprema había considerado ‘legítima’ la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supusiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses.

EL DATO

Este fallo se da un año después revés al derecho al aborto.