Veinte Estados de la Unión gobernados por Republicanos presentaron una demanda pidiendo a un juez federal en Texas que detenga el programa de inmigración implementado por la Administración Biden que permite que hasta 30,000 inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití ingresen legalmente a este país cada mes, si tienen patrocinadores. Estos migrantes entran bajo una condición humanitaria conocida como libertad condicional. Solo en enero, alrededor de 11,000 personas de estas cuatro nacionalidades fueron admitidas, según datos del DHS.

La Administración Biden argumenta que este programa, junto con el aumento de las expulsiones de inmigrantes que intentan ingresar sin estar autorizados, permitirá al país gestionar mejor los flujos migratorios históricos registrados a lo largo de la frontera sur en los últimos dos años. Pero los Estados demandantes piden que la Corte texana pause este programa como medida cautelar, mientras la Corte Suprema decide sobre una demanda anterior en la que solicitaron que se ponga fin al mismo programa.