Son varias las leyes que entrarán en vigencia en Texas desde el 1 de septiembre. Las que conciernen a la población, específicamente a las familias con hijos, son la ley HB 3803, que permite que los padres de familia tengan opinión respecto de si su hijo avanza de grado o no; y la Ley HB 900 prohíbe los libros o el material que se considere sexualmente explícito en las bibliotecas públicas de Texas. Esta ley permite y requiere que los padres de familia expresen su consentimiento con relación al material relevante de índole sexual. La norma también prohíbe el material vulgar o que no sea educativo y reconoce el poder de los padres de familia para decidir los temas a los que sus hijos tienen acceso en las bibliotecas. También requiere que la Texas Education Agency (TEA) publique una lista de vendedores que no cumplan con los requisitos. Con esa información, quedará prohibido que las escuelas texanas le compren a esos vendedores.

Dos leyes restringen directamente las acciones violentas o peligrosas que ponen en peligro a la comunidad: la Ley HB 840 propone que quien cometa una agresión contra un empleado del área de salud –médicos, enfermeras o enfermeros, conserjes, recepcionistas y otros trabajadores– mientras esté en un hospital, enfrentará un delito grave de tercer grado. Y la Ley SB 1004 endurece las sanciones contra quienes se retiran el monitor de tobillo estando en libertad condicional. Hacerlo es un delito grave con pena de cárcel en una prisión estatal. Y si la persona es monitoreada bajo el programa intensivo de supervisión, quitarse el monitor de tobillo será un delito grave de tercer grado. Además, las leyes HB 1442 y HB 2899, despojarán de sus coches a quienes sean vistos haciendo carreras clandestinas en cualquier vía o carretera de Texas. Este delito –las carreras ilegales– es considerado una actividad del crimen organizado.

Una norma tiene el objetivo específico de detener un crimen que está creciendo en el Estado: La Ley SB 224 clasifica el robo de convertidores catalíticos como crimen organizado, convirtiendo a la posesión de catalíticos robados en delito. Además, la norma tiene penas más severas. La compra de estas piezas robadas también está contemplada en esta ley. Texas ocupa el segundo lugar nacional en robo de convertidores catalíticos, con 136 robos por cada 100 mil autos en 2022.

Finalmente, un grupo de leyes se enfoca en la seguridad fronteriza: La Ley SB 1133 crea un programa de apoyo económico de hasta $75,000 para los agricultores que hayan sufrido daños en sus propiedades como consecuencia de una agresión de los traficantes de personas; mientras que la Ley SB 423 legaliza el uso de drones para monitorear la línea fronteriza –además de usarlos en desastres naturales–. Esta norma potenciará el alcance del ‘Operativo Lone Star’. Además, la Ley SB 1900 califica a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.