A inicios de abril, el Texas Department of Public Safety (DPS) publicó un anuncio ofreciendo una recompensa de 5,000 dólares por información que lleve a la localización de casas-escondite, donde los indocumentados suelen ser albergados por los ‘coyotes’. El DPS anunció estar trabajando para identificar esas casas, además de operaciones de prensado de píldoras, laboratorios de conversión de metanfetamina y más.

Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos en todo el Estado han expresado su rechazo al programa que ofrece recompensas impulsado por el Gobernador Gregg Abbott por considerarlo ilegal. El DPS ha respondido asegurando que su objetivo es combatir la actividad delictiva transnacional, lo que incluye detener a los criminales involucrados en la trata de personas, el contrabando de drogas y el contrabando de personas.

El Gobernador Abbott ha sido criticado por haber dado poderes a las autoridades locales para el control migratorio desde marzo de 2021, al lanzar la polémica operación que ha puesto en la mira a la comunidad hispana, especialmente en las zonas limítrofes del Estado. Otras instituciones –como la Washington Office on Latin America (WOLA) y el Migration Policy Institute– también han criticado esta iniciativa Republicana.