La Administración Biden emitió una nueva reglamentación para relajar la norma de ‘carga pública’, que negaba la residencia permanente a los solicitantes con probabilidad de depender de ayuda pública para su subsistencia en este país. Las nuevas reglas aseguran un tratamiento justo y humanitario a los inmigrantes legales y los integrante de sus familias que son ciudadanos estadounidenses.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta medida restaura la noción histórica de ‘carga pública’ que se aplicó por décadas hasta que la Administración Trump empezó a considerar los beneficios federales –Medicaid y ayuda alimentaria– en la evaluación de si alguien era admisible para la residencia legal.

De acuerdo con la nueva disposición, no se le puede negar la admisión o la residencia permanente a un extranjero porque se estime que por su situación económica podría depender del Gobierno Federal para su subsistencia.

El DHS aclaró que no considerará en las determinaciones de ‘carga pública’ los beneficios recibidos por otros integrantes de la familia. Tampoco considerará la recepción de ciertos beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP); el programa de salud pública Medicaid; beneficios de vivienda y cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles, entre otros.

La directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ur Jaddou, aseguró que su agencia continuará trabajando para eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud de residencia pero advirtió que todavía queda mucho por hacer para que las comunidades inmigrantes superen la confusión y el miedo asociados a la anterior definición de ‘carga pública’.

EL DATO

Las nuevas reglas brindan claridad y coherencia a los no ciudadanos sobre cómo el DHS administrará el motivo de inadmisibilidad por ‘carga pública’.