Con una Corte Suprema mayoritariamente conservadora, el Gobernador Greg Abbott tiene la intención de reabrir una batalla legal contra los inmigrantes irregulares que data de 1982 y que, de ganarse en esa máxima instancia ahora, permitiría que Texas le niegue la educación a los hijos de indocumentados.

En 1982, con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema sostuvo que retener fondos estatales para los distritos escolares locales que brindaban educación para niños e hijos de indocumentados era una violación de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda.

Pero el Gobernador Republicano considera que los tiempos han cambiado y que es factible un fallo favorable, especialmente porque los gastos estatales en materia educativa son extraordinarios; para el Gobernador, el núcleo del argumento de la potencial nueva demanda sería que el Gobierno Federal debería pagar la factura ante el elevado número de cruces de indocumentados.

Cualquier nuevo proyecto de ley redactado por los Republicanos en la Legislatura estatal tendría que esperar hasta 2023, cuando se reanuden las actividades.

EL DATO

Restar recursos del Estado a los indocumentados sería perjudicial para la economía de Texas, marginaría a muchas comunidades y haría un daño irreparable a miles de familias.