Aunque la Administración Biden propone una nueva regla de ‘carga pública’ para evitar castigar la pobreza, los inmigrantes que soliciten la ‘green card’ no podrán evadir la disposición vigente para demostrar su solvencia económica. Los oficiales de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revisarán a detalle las aplicaciones, incluidos los reportes de impuestos de quienes patrocinan a un inmigrante.

La única preocupación de USCIS es si el solicitante de la ‘green card’ puede demostrar que tiene suficientes ingresos y apoyo financiero –de, al menos, el 125% de las pautas federales de pobreza– para no convertirse en lo que la ley llama una ‘carga pública’.

USCIS no toma en consideración si una persona cumple con las leyes fiscales, es decir, que tenga un monitoreo extra al aplicar por una protección migratoria, pero la revisión de un expediente sí contempla observar el matiz de ‘carga pública’.

La cantidad de ingresos que contemplan los oficiales migratorios depende del tamaño de una familia, incluso del lugar donde vive. Además, el patrocinador debe enviar una declaración jurada de manutención y eso incluye las declaraciones de impuestos.

La nueva regla de ‘carga pública’ propuesta por la Administración Biden todavía no está avalada: debe pasar un periodo de comentarios públicos de 60 días. En los lineamientos, el Gobierno Federal solamente considerará ‘carga pública’ a los inmigrantes que hayan solicitado apoyo económico o seguro médico durante largos periodos. Los detalles de la normativa, al cierre de esta edición, no estaban completos.