La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que las agencias federales ICE y la CBP –entre otras agencias federales que dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)– adquieren y usan vastas cantidades de datos de localización de indocumentados que están a la espera de una audiencia en Corte de inmigración, mediante teléfonos celulares y sin orden judicial. El objetivo –según ACL– es determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados de inmediato. Para ACLU, ésta sería una flagrante violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución y por eso piden la intervención e investigación de parte del Congreso.