Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, pidió a los gobiernos locales que reconsideren restablecer la colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aclarando que esta agencia federal ‘no es la misma del pasado’ (aludiendo a la Administración Trump).

Para los defensores de los derechos civiles la petición es preocupante. Organizaciones como ACLU y el ILRC advirtieron en un comunicado: “cuando la policía local, que carece de experiencia y conocimiento de las leyes de inmigración, coopera activamente con los oficiales del ICE, los prejuicios raciales y la discriminación del sistema legal penal se superponen a la aplicación ya racista de la ley de inmigración del país”.

Las organizaciones proinmigrantes urgieron a la Administración Biden cumplir con la promesa de terminar con el acuerdo 287g, que autoriza a las autoridades locales y estatales actuar como oficiales de inmigración, especialmente porque en numerosas ocasiones el Departamento de Justicia ha determinado que dicha cooperación viola las leyes de derechos civiles del país.