Pronto se cumplirán dos años del inicio de la pandemia de COVID-19. Millones de contagios y de muertes se han registrado en el mundo desde entonces. Sin embargo, al principio de la pandemia, en este país, se sabía muy poco de los estragos que provocaba en lugares vulnerables como los asilos de ancianos donde habitan decenas de personas consideradas de alto riesgo.

Por desgracia, en Austin sí se han registrado fatalidades en esos hospicios. The Carlson Law Firm lleva casos de posibles muertes arbitrarias de residentes en un par de asilos del área. Se trataría de incumplimiento del protocolo de respuesta a las medidas preventivas de contagio del COVID-19.

Recientemente, este bufete de abogados presentó ante el Tribunal del Condado Travis una demanda de muerte por negligencia por un millón de dólares contra West Oaks Nursing and Rehabilitation Center en nombre de la familia de la señora Rachel Soriano Luna (74) quien vivía en las instalaciones administradas por esta entidad desde febrero del 2016 hasta su fallecimiento a causa del COVID-19 el 15 de abril del 2020.

“La señora Luna no tenía que morir. Su muerte y la de muchos otros en ese hospicio fue el resultado directo de que el propietario no proporcionó los servicios básicos y necesarios para prevenir estos decesos”, comenta para El Mundo Newspaper, J. T. Borah, abogado de The Carlson Law Firm.

Aunque los fallecimientos ocurrieron al principio de la pandemia, cuando se desconocía cómo evitar contagios masivos ni se habían implementado protocolos para evitarlos, el abogado asegura que instalaciones como los asilos de ancianos sí debían tener un plan estratégico para evitar contagios entre sus residentes. “La industria de los asilos de ancianos sabían qué hacer desde el 2007, año que los CDC desplegaron un plan en caso de contagios por brote de infecciones donde se detalla los protocolos de aislamiento y se habla sobre brotes previos al coronavirus y cómo evitar los contagios entre los residentes vulnerables. Entonces no se trata de que la pandemia fue algo nuevo: ellos debían estar preparados para enfrentar contagios de este tipo”, explica Borah.

La señora Luna padecía de varias enfermedades: del corazón, hipertensión, diabetes, obesidad y un tipo de demencia, que la ponían en la categoría de alto riesgo en caso de contagio del COVID-19. Hasta antes de la pandemia sus dolencias estaban bajo control.

La demanda contra Regency Integrated Health Services de West Oaks, LLC –administradora del West Oaks Nursing and Rehabilitation Center– alega que la compañía no tuvo suficiente personal disponible en el centro en el que residía la señora Luna. Sin embargo, el abogado Borah asegura que la compañía se benefició por esa falta de personal que provocó que cientos de sus residentes enfermaran y docenas de ellos murieran víctimas del COVID-19.

“Hasta el 18 de enero de este año, esta instalación ha tenido cuatrocientos sesenta y nueve residentes que contrajeron COVID-19 y treinta y cuatro de ellos murieron desde que se comenzaron a registrar los decesos el 13 de julio del 2020. Los familiares de mis patrocinados ni siquiera figuran en los registros de fallecimientos porque ocurrieron en los primeros meses de la pandemia. En nuestra investigación de esta instalación pudimos comprobar la conexión entre la decisión del Regency IHS de no contar con suficiente personal en West Oaks, con la carencia de pruebas de descarte de contagio de coronavirus para sus clientes y empleados, y la falta de aislamiento para las personas vulnerables”, denuncia Borah.

Hasta el cierre de esta edición, el abogado J. T. Borah lleva seis casos relacionados a muertes que podrían haberse evitado en dos asilos administrados por el Regency Integrated Health Services de West Oaks, LLC. “Solo se puede hacer una demanda por negligenia hasta dos años después de los fallecimientos. Nosotros estamos en el límite de ese lapso. La investigación del caso tomó mucho tiempo. Y la resolución toma entre dos y tres años, pero es importante que se realicen las indagaciones para que los familiares reciban detalles de lo ocurrido y así evitar futuras negligencias”, concluye J. T. Borah.

DEBE SABERLO

Según los CDC, el 87% de los residentes de los hogares para ancianos está completamente vacunado; sin embargo, la mayoría de los residentes corren alto riesgo de contagio por la edad, por estar inmuno-comprometidos y porque muchos padecen enfermedades crónicas.

EL DATO

Si tiene una historia similar a la de la familia de la señora Rachel Soriano Luna, o tiene alguna queja en contra de alguna residencia de ancianos del área, contacte al bufete de abogados de The Carlson Law Firm llamando al (512) 804 -7277 (cuentan con personal bilingüe). Más información en www.carlsonattorneys.com