Les quitan hasta el último centavo
Agencias / Cortesía | 8/4/2022, midnight
Una nueva modalidad de extorsión ha sido reportada por las autoridades y por la prensa: cuotas por emigrar a territorio estadounidense.
Dentro del catálogo de delitos, la extorsión tiene un desarrollo preponderante en México debido a que el fenómeno migratorio se ha vuelto más visible. Aunque las autoridades mexicanas han registrado cientos de extorsiones presenciales, no se sabe con exactitud la magnitud del crecimiento de la extorsión, porque los números no son concluyentes. Los datos conocidos son esencialmente anecdóticos porque la extorsión es uno de los delitos que menos denuncian los emigrantes debido a que sus seres queridos quedan expuestos.
Las extorsiones se dan de dos maneras: los delincuentes amenazan a los delegados de cada colonia, de cada municipio, de cada comunidad para que les informen quiénes son las personas que intentarán ingresar a Estados Unidos por la frontera. La otra es que también tienen a los ‘coyotes’ amenazados y alineados a los requerimientos de los extorsionadores.
Una vez que se enteran quién se va, los emigrantes son obligados a irse con ‘coyotes’ del crimen organizado que son los mismos de siempre pero coludidos o intimidados para colaborar.
Los emigrantes deben pagarle al delegado para salir. Si no se van con un coyote del ‘registro’, deben avisarle al delegado. Si el cruce cuesta 9,000 dólares, el coyote cobra 11,000 porque debe dejar ‘la cuota’, pero debe pagarla por anticipado, según las autoridades. Se pagan dos cuotas: Una, la del pueblo, y lo que tiene que pagar del cruce. Son 4,000 dólares, en promedio, antes de cruzar y el resto después.
Los puntos en los que se ven obligados a pagar son: durante los traslados, en la salida de México y en la entrada a Estados Unidos. La cuota para cruzar la frontera tiene caducidad. Si una persona no cruza en los siguientes tres meses, por la razón que sea, se le vuelve a cobrar.
EL DATO
Hay aproximadamente cinco millones de intentos de extorsión en la frontera, según el gobierno mexicano. De ellos, el 95% son telefónicos y 5%, presenciales.