El pasado 19 de noviembre, los Demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron el paquete de gasto social que contempla beneficios migratorios para alrededor de siete millones de personas, incluido el perdón a la deportación hasta por diez años, así como la posibilidad de que 1.5 millones de inmigrantes puedan obtener una ‘green card’ por petición familiar.

La primera sorpresa de esta reforma económica del Presidente Biden es que el monto de $1.75 billones de dólares aumentó a $2.4 billones para la agenda del Build Back Better. El gasto que se prevé para los inmigrantes es de $110,000 millones con los cuales se ayudará a 6.8 millones de personas, aunque la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO) señala que serían aproximadamente 6.5 millones las beneficiadas directamente.

El proyecto ofrece un perdón a la deportación (o ‘parole’) a cientos de miles de inmigrantes que han vivido en Estados Unidos desde el 1 de enero del 2011 y han permanecido continuamente en el país. El beneficio estaría disponible para los inmigrantes que ingresaron con o sin autorización, o que fueron puestos en libertad condicional por las autoridades migratorias. De los cerca 6.5 millones de personas que podrían ser favorecidas con el ‘parole’, se estima que 1.5 millones serán elegibles para obtener tarjetas de residencia a través de un integrante estadounidense de la familia.

Además, el proyecto de ley contempla un permiso de cinco años, que se puede renovar hasta el 30 de septiembre del 2031. También permite a los inmigrantes solicitar una licencia de manejar o acceder a la identificación federal Real ID.

Nada será gratis. Los inmigrantes deberán pagar una tarifa para acceder al permiso de trabajo. La propuesta de ley también actualiza las tarifas de ciertos trámites migratorios. Asimismo, se establecen tarifas suplementarias en todo el sistema de inmigración que no pueden eximirse ni en su totalidad ni en parte.

Esta propuesta también ayudaría a resolver los retrasos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para otorgar residencias permanentes. Si se aprueba como está escrita actualmente, se recuperarían más de dos millones de las conocidas ‘tarjetas verdes’ previamente autorizadas por el Congreso de la Unión que no se han utilizado desde 1992. Ahora, esta reforma tiene que ser aprobada bajo el proceso de Reconciliación en el Senado.

Inmigrantes en sistema

La propuesta legislativa prohibiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizar la información incluida en las solicitudes para fines de control migratorio.

DEBE SABERLO

Según el proyecto de ley actual, algunos solicitantes de residencia permanente a través del empleo –que han estado esperando durante, al menos, dos años– podrán pagar una tarifa suplementaria de $5,000 para eliminar las limitaciones anuales y por país. Los solicitantes de residencia permanente a través de una petición familiar que hayan estado esperando, al menos, dos años pueden solicitar la exención de las limitaciones pagando una tarifa de $2,500.

LIMITACIONES

El proyecto de ley estipula que las autoridades de inmigración aplicarán todas las circunstancias establecidas que hacen inadmisible a un inmigrante para recibir un beneficio migratorio, como condenas criminales.