Durante el gobierno del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia, del que dependen los tribunales migratorios, retiró a los jueces la capacidad de ‘cerrar casos’, un proceso que les permitía administrar los expedientes para evitar acumulaciones.

Eso generó un serio problema en las cortes migratorias, ya que los casos sin atender se triplicaron en menos de cuatro años hasta alcanzar más de 1.3 millones.

Sin embargo, la orden fue revocada por decisión del Fiscal General Merrick Garland, siguiendo la Orden Ejecutiva del Presidente Joe Biden de “Restaurar la fe en nuestros sistemas legales de inmigración y fortalecer los esfuerzos de integración e inclusión para los nuevos estadounidenses”.

Ahora los jueces pueden suspender por tiempo indeterminado los procesos de deportación, ya que los casos de los inmigrantes pueden continuar sin un efecto inmediato, mientras sus abogados siguen otros procesos.

El fiscal Garland defiende el cierre administrativo como “una herramienta de gestión de expedientes que se utiliza para pausar temporalmente los procedimientos de deportación”, lo cual beneficia a miles de personas que solicitan asilo u otro tipo de protección.

La regla que impuso Jeff Sessions fue parte de una orden presidencial para que los jueces cumplieran cuotas de, al menos, 700 casos anuales, un reto prácticamente imposible que derivó en acumulación de casos.

Sin embargo, un reporte de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), centro de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, reveló en septiembre del 2020 que el “cierre administrativo” de casos ayudaba a los procesos. TRAC también cita que el proceso ayudaba a que procesos migratorios abiertos en otras agencias siguieran su curso, por ejemplo, en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La parte más destacable para los inmigrantes –que encontró TRAC– es que los no-ciudadanos pueden permanecer en el país y encontrar soluciones legales a sus casos.

EL DATO

Es importante que un inmigrante cuente con asesoría de un abogado para seguir el procedimiento y buscar que el juez aplique esta decisión discrecional.