Por décadas, los militares han luchado por mantener en la cadena de mando la última palabra en todos sus asuntos, como la ley militar, ya que justifican que es esencial en la conservación de disciplina, moral y preparación requeridos por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay quienes dicen que tolerar abusos representa un grave daño a la moral de los uniformados.

En ese sentido, una legislación bipartidista en el Congreso de la Unión busca retirar a los mandos militares de decisiones relacionadas con el enjuiciamiento de delitos como violación y agresión sexual, secuestro, homicidio y asesinato. Se trata de un esfuerzo que busca cambios radicales en la manera en que el Pentágono procesa los delitos sexuales en la institución.

En adelante –si el proyecto que se discutirá en el Congreso se convierte en ley– las denuncias de acoso sexual deberán ponerse en las manos de un investigador independiente fuera de la cadena de mando.

Para el grupo de defensa de las víctimas Protect Our Defenders el acuerdo de retirar las decisiones de enjuiciamiento de los comandantes “representa una victoria importante, pero no completa, para los supervivientes de agresiones sexuales en el Ejército. Sin embargo, es la reforma de la justicia militar más significativa en la historia de nuestra Nación”.