Cuando el tribunal del Noveno Distrito de California determinó que el Gobierno Federal tiene la potestad de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) puso en jaque a cientos de miles de inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán, que trabajan y viven en este país al amparo de ese beneficio migratorio.

Esta decisión pondría fin al TPS de la mayoría de los inmigrantes tan pronto como para el cinco de marzo del 2021, con excepción de los salvadoreños, cuyo plazo caducaría el cinco de noviembre del próximo año debido a que son más de la mitad del total de los beneficiarios de este programa. La Unión Estadounidense para los Derechos Civiles (ACLU) anunció que planea apelar el fallo, que podría llegar hasta la Corte Suprema.

EL DATO

No solo 300 mil personas que viven legalmente en el país gracias al TPS serán perjudicadas con la decisión judicial: alrededor 250 mil de ciudadanos estadounidenses, hijos de estos inmigrantes, también sufrirían las consecuencias legales.