El pasado 31 de julio el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que –para financiar sus operaciones– a partir del 2 de octubre regiría un incremento promedio de 30% en sus tarifas (que en algunos casos llegaría a 535%). Sin embargo, el juez federal Jeffrey S. White (California) falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) contra el alza de precios, a la que calificaron de ‘arbitraria’ y ‘caprichosa’.

Uno de los procesos más afectados con el incremento anunciado es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares (cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos) y que puso gran presión a muchos inmigrantes que debían presentar sus solicitudes antes de la fecha anunciada.

La querella legal argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y la diversidad familiar, sin embargo, al hacer deliberadamente imposible asumir el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable, violando las leyes estatutarias y constitucionales.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) justificó el incremento de las tarifas en parte basándose en lo que afirma son los costos de procesar las solicitudes; sin embargo, durante el período de notificación y comentarios, muchos criticaron al Gobierno Federal por no explicar cómo calculó sus costos.

La demanda de la coalición también señaló que ni Kevin McAleenan ni Chad Wolf, quien actualmente se desempeña como secretario interino del DHS, tenían autoridad válida para proponer o promulgar el incremento de precios bajo la Ley Federal de Reforma de Vacantes (FVRA). Esto hace que la medida sea ilegal en virtud de la Ley de procedimiento administrativo.

EL DATO

Además de los aumentos anunciados por el USCIS, la agencia federal eliminó la mayoría de las exenciones de pago para los inmigrantes de bajos ingresos que califican.

DEBE SABERLO

El viernes 14 de agosto, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (OIG) emitió una decisión confirmando que los secretarios interinos Wolf y McAleenan fueron nombrados para sus cargos sin valor legal.