Un gran número de jueces migratorios aseguran sentirse ‘presionados’ por la carga laboral que es consecuencia de las normativas y directrices de la Administración Trump, que obliga a los jueces a que cumplan con una cuota de casos, lo que dificulta hacer una revisión detallada de éstos, aumentando la posibilidad de emitir veredictos sin haber analizado todas las posibilidades de los solicitantes. Para cumplir con esas cuotas, los jueces llegan a programar alrededor de cien o ciento veinte casos en una sesión de cuatro horas. Esto influyó en la decisión de varios jueces que el año pasado (2019) decidieron renunciar o solicitar su retiro laboral anticipado.

En respuesta a esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha aumentado el presupuesto para poder contratar más jueces migratorios durante el nuevo período fiscal. La propuesta presupuestaria indica para el año 2021, destinaría un monto de 544 millones de dólares para la contratación de más jueces.

Para la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) la solución no radica solo en aumentar el número de jueces, puesto que el problema tiene que ver con una separación de poderes que les dé a los magistrados la libertad de hacer su trabajo.

EL DATO

La mayoría de los jueces migratorios realizan sus audiencias por vídeo conferencia.