Con la venia de la Corte Suprema, la Administración Trump aplicará sin restricciones el nuevo concepto de ‘carga pública’ contra aquellos inmigrantes que deseen ajustar su estatus legal en este país, apenas el Department of Homeland Security (DHS) anuncie el reglamento final y la fecha de entrada en vigor de la nueva regla.

Al menos durante este gobierno, toda persona que tenga una visa de no-inmigrante y busque cambiar su estatus legal al de inmigrante o residente permanente estará sujeto a un mayor análisis por parte de las autoridades federales.

Sin embargo, hay algunos beneficios públicos o gubernamentales que no se tendrán en cuenta en la aplicación de la nueva definición de la regla de ‘carga pública’. Estos son: Medicaid y otros seguros y servicios de salud; el programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP); los programas de nutrición como las estampillas de comida (SNAP, WIC y los de desayunos en las escuelas); los beneficios de vivienda; los servicios de guardería; los programas para el alivio de desastres; la asistencia educacional; los programas de entrenamiento laboral y la compensación por desempleo. Estos beneficios están exentos del escrutinio porque no constituyen dinero en efectivo, no tienen un propósito específico y no representan un ingreso permanente.

EL DATO

La nueva definición de ‘carga pública’ tiene como objetivo suspender y/o limitar la entrada

al país de extranjeros que puedan convertirse en una carga para el Estado.

DEBE SABERLO

Si un inmigrante utilizó asistencia pública durante doce meses en los últimos treinta y seis meses, lo más probable es que su trámite migratorio sea rechazado.