En agosto del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redefinió el concepto de ‘carga pública’ que ya se integra en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), a fin de rechazar las peticiones de Residencia Permanente, extensión de visas, así como para determinar la inadmisibilidad de un extranjero que pueda ser considerado ‘de riesgo’ para las finanzas del Gobierno Federal por su potencial uso del Medicaid, de cupones para alimentos y hasta de ayuda de vivienda.

Con la anuencia de la Corte Suprema, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicará la regla de ‘carga pública’ desde el 24 de febrero.

El DHS divide la ayuda federal en dos categorías: a través de servicios (atención médica, por ejemplo) y como ayuda monetaria (cupones para alimentos y afines). Bajo la nueva regla, los oficiales de USCIS harán una evaluación más profunda de la situación de un inmigrante. Aunque recibir ayudas sociales bajo las condiciones mencionadas será elemento clave, la inadmisibilidad basada en la ‘carga pública’ será determinada por la totalidad de las circunstancias. Es decir, los evaluadores sopesarán si un inmigrante puede ser una carga para el Gobierno Federal, considerando su edad, estado de salud, situación familiar (estado civil, hijos), bienes, recursos financieros, estado financiero, educación y habilidades.

La lista de ayudas sociales que pueden ser negativas para un inmigrante es larga: SNAP o cupones de alimentos; Medicaid en casi todos sus casos; asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV); asistencia de alquiler basada en proyectos; y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros. Aquellos inmigrantes que hayan utilizado cualquiera de esas ayudas durante doce meses en un periodo de tres años podrían ser catalogados como ‘carga pública’ y a ellos se les negarían beneficios migratorios. Según el DHS, la aplicación de esta norma tiene el objetivo de evitar el abuso de la ayuda federal de parte de los extranjeros que llegan a vivir a este país.

La contraparte es que aún hay varios tipos de apoyo social que están exentos de la definición de ‘carga pública’, como algunas vertientes de Medicaid (asistencia pública para vacunas y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisibles; uso de clínicas de salud; servicios de rehabilitación a corto plazo; atención prenatal y servicios médicos de emergencia).

Tampoco ‘castigarán’ a los inmigrantes por el uso del programa de seguro de salud para niños (CHIP); algunos programas de nutrición, incluido el SNAP; el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC); el Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno Escolar; algunos beneficios de vivienda; ayuda de emergencia ante desastres; programas de entrenamiento laboral; compensación por desempleo, entre otros.

Es necesario destacar que la regla de ‘carga pública’ no aplicará a los siguientes inmigrantes que soliciten la Residencia Permanente: refugiados, asilados, individuos a quienes se les otorgó alivio bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA), personas que reciben ayuda bajo la Ley de Ayuda de Nicaragua y Centroamérica (NACARA), personas recibieron alivio bajo la Ley de Equidad de Inmigración de Refugiados de Haití (HRIFA), a quienes solicitan una visa T o U, solicitantes de estado de protección temporal (TPS) y ciertos solicitantes bajo las disposiciones de la Ley LIFE.

Cada caso migratorio es único y diferente, por ello es importante evaluar sus opciones con un abogado especializado en leyes migratorias.

DEBE SABERLO

La decisión de la Corte Suprema que permite la aplicación de la nueva definición de ‘carga pública’ no es permanente. Es necesaria una decisión definitiva que podría darse en meses o años. No hay una fecha

para esa decisión final.

EL DATO

USCIS estima que alrededor de 380,000 personas al año serán evaluadas bajo la nueva regla de ‘carga pública’.