El presidente Donald Trump argumenta que la Constitución y la ley federal le permiten excluir a ‘extranjeros ilegales’ del Censo. El intento, que tendría el objetivo de evitar que el conteo de indocumentados permita asignar escaños en el Congreso de la Unión, está en manos de la Corte Suprema.

Y mientras los jueces de la Corte Suprema analicen el esfuerzo para sacar, por primera vez, a millones de personas sin ciudadanía del conteo poblacional usado para determinar cuántos escaños recibe cada Estado de la Unión en la Cámara de Representantes, además de la asignación de fondos federales, los expertos dicen que otros asuntos –vinculados a plazos, calidad de datos y política– deben ser resueltos.

Una serie de preguntas, al margen de la decisión final de la Corte Suprema, pudieran determinar el producto final del Censo 2020, incluso si la Administración Biden hace algo para tratar de revertir las decisiones tomadas por Trump, entre otras: ¿Podrá la Oficina del Censo del Departamento de Comercio cumplir con el plazo de fin de año para la entrega de los números usados para la asignación de escaños? ¿Será afectada la calidad de los datos del Censo por el calendario acortado, la pandemia y los desastres naturales? ¿Pudiera la Cámara de Representantes, controlada por los Demócratas, rechazar los números de la Administración Trump si considera que son erróneos? ¿Aprobará el Senado una ley que extienda los plazos para entregar las cifras del Censo?

Una cosa parece probable: la causa actual no será la última pelea en la Corte Suprema sobre el Censo 2020. Los números finales de asignaciones de escaños han sido litigados frecuentemente en las últimas décadas