Un residente permanente que cometa un delito grave puede ser deportado del país, sin embargo, una ley vigente dice que el residente podría pedir la cancelación de su expulsión si tiene siete años de vivir en Estados Unidos.

Esa prerrogativa quedó suspendida ya que la Corte Suprema facilitó a las autoridades federales la deportación de los residentes permanentes que hayan cometido delitos graves. La decisión podría afectar a decenas de miles de inmigrantes con condenas penales, muchos por delitos menores.

La línea dura de Donald Trump contra la inmigración legal e indocumentada ha sido una característica clave de su presidencia y base de su campaña por la reelección este año. El presidente ha justificado su postura citando crímenes cometidos por ciudadanos extranjeros.