Ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Instituto Nacional de Migración (INM) permitió la salida de migrantes que se encontraban en estaciones gubernamentales y estancias provisionales, personas a quienes por distintas razones no se les había resuelto su situación jurídica.

La decisión se tomó en atención a las recomendaciones sanitarias de las autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad.

En las 65 estaciones y albergues del INM, con una capacidad de ocupación de 8,524 espacios, fueron alojados en marzo 3,759 personas y actualmente alberga a solo 106. Además, fueron retornados vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador, 3,653 migrantes de esos países, privilegiándose a los grupos vulnerables, como niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y personas con riesgos por enfermedades crónicas.